Por Tal Shalev, CNN
A medida que se hacían evidentes las derrotas republicanas en las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que aceptaría los resultados. No se puede decir lo mismo de Benjamin Netanyahu, el hombre al que Trump respaldó en Israel.
Una semana después de las elecciones israelíes del 27 de octubre, Netanyahu, cuyo bloque perdió la mayoría, sigue impugnando los resultados oficiales. El primer ministro y su partido Likud alegan, sin aportar pruebas, que los fuerzas políticas árabes israelíes y agentes extranjeros “robaron” la votación.
La disputa postelectoral se agudizó esta semana después de que David Zini, jefe del Shin Bet, el servicio de seguridad interna israelí, y leal a Netanyahu, presionara para que se investigara a los líderes de los partidos árabes. El fiscal general, blanco habitual de la derecha israelí, se negó a autorizar dicha investigación sin pruebas.
“El Likud y Netanyahu están intentando perpetrar un pogromo contra la democracia y el estado de derecho”, declaró el martes Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu.
Un día después, Netanyahu reafirmó sus acusaciones de fraude. “Existen serias sospechas de que países extranjeros han estado involucrados, utilizando enormes sumas de dinero, en un intento de manipular los resultados de las elecciones en el Estado de Israel”, declaró en un comunicado en video.
Los resultados oficiales muestran que el bloque de Netanyahu se desplomó de 68 a 53 de los 120 escaños de la Knesset, o parlamento.
La oposición, liderada por Eisenkot, cuenta con 67 escaños. Sin embargo, casi un tercio de estos provienen de los dos partidos árabes, la Lista Conjunta y Raam, tras una participación histórica que les aseguró 19 escaños.
El apoyo de los partidos árabes es decisivo para cualquier intento de reemplazar a Netanyahu. Por eso, socavar su legitimidad se ha convertido en el eje de la estrategia postelectoral de Netanyahu.
Desde que se conocieron los resultados, Netanyahu y sus aliados de derecha han estado propagando afirmaciones de que las elecciones fueron “robadas” por los partidos árabes mediante sobornos, financiación extranjera y fraude.
Un día después de la votación, el Likud presentó cientos de testimonios ante la Comisión Electoral Central exigiendo investigaciones y arrestos.
Durante el fin de semana, Netanyahu compartió en redes sociales un video de un activista de derecha que denunciaba falsificaciones masivas y pedía la anulación total de las elecciones.
La comisión rechazó las acusaciones de fraude generalizado por considerarlas infundadas, afirmando que no existen pruebas que respalden la alegación de una manipulación sistemática de la votación.
Sin embargo, la semana pasada el comité solicitó al Shin Bet que investigara las “serias sospechas” de financiación extranjera destinada a influir en la campaña.
En una carta filtrada a los medios israelíes, el presidente del comité, el juez Noam Sohlberg, advirtió que no podía verificar la gravedad de la información. Pero el partido Likud de Netanyahu interpretó la carta como una confirmación de la teoría general del fraude.
Sohlberg compareció el domingo junto al jefe del Shin Bet y la fiscal general Gali Baharav-Miara para hacer una inusual declaración conjunta en la que aseguraron al público que las elecciones se llevaron a cabo correctamente.
Afirmaron que, incluso si se confirmaran las sospechas de financiación extranjera, esto no anularía el resultado ni socavaría la integridad del proceso.
Pero la conducta posterior de Zini ha intensificado la controversia. Zini, un general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel que se describe a sí mismo como un “mesiánico orgulloso”, fue nombrado por Netanyahu el año pasado, procedente de fuera de las filas del Shin Bet.
Según informes, ahora busca interrogar a cuatro figuras políticas árabes de alto rango, incluidos varios líderes de partidos.
El Shin Bet informó el miércoles al comité que su inteligencia apunta, aparentemente, a un fenómeno generalizado de grandes sumas de dinero que ingresan a Israel desde fuentes extranjeras, a una escala que involucra a miles de personas, e incluso posiblemente a más, según una fuente informada sobre el asunto.
La agencia indicó que se requiere una investigación más exhaustiva antes de poder determinar con certeza el alcance de la operación. Sin embargo, el Shin Bet no presentó pruebas públicas.
En un comunicado inusual emitido el martes, la fiscalía general afirmó que Zini había impedido que el Shin Bet le entregara pruebas pertinentes a su oficina o a la policía.
“En un Estado de derecho, ni los ciudadanos ni los funcionarios electos pueden ser investigados sin pruebas que lo justifiquen”, declaró. “Se interrogará a quien sea necesario, pero nadie será investigado sin fundamento probatorio”.
En respuesta, el partido Likud acusó a Baharav-Miara de obstruir la investigación. Itamar Ben Gvir, aliado de extrema derecha de Netanyahu, instó a Zini a arrestar e investigar a los líderes árabes incluso sin la aprobación del fiscal general.
Este enfrentamiento alimenta un conflicto en curso: el Gobierno saliente de Netanyahu votó a favor de destituir a Baharav-Miara en agosto de 2025, pero el Tribunal Supremo bloqueó la medida. Desde entonces, el Gobierno ha desafiado y desobedecido repetidamente sus directivas.
Los partidos árabes rechazaron las acusaciones, acusando a Zini de participar en la campaña del Likud para deslegitimar al pueblo árabe, sus votos y su historial de representación política.
“Netanyahu se aferra al poder e intenta negar la legitimidad del pueblo árabe, que votó en masa y rechazó a su gobierno. Zini, nombrado por Netanyahu, actúa como su brazo político”, declaró la Lista Conjunta en un comunicado.
Mansour Abbas, presidente de Raam, calificó la medida como “un intento inaceptable de desprestigiar al pueblo árabe”.
Los líderes de la oposición, que ahora planean utilizar su mayoría en la Knesset para reemplazar al presidente del parlamento, acusan a Netanyahu y a Zini de arrastrar a Israel a una crisis constitucional y de erosionar la confianza en las elecciones.
Eisenkot calificó el momento como una prueba para el futuro de Israel “como un estado democrático liberal”. Instó a los funcionarios de seguridad y de las fuerzas del orden a recordar que “son servidores del reino, no del rey”.
El ex primer ministro Yair Lapid lo calificó de “intento de aplastar la democracia y robar las elecciones con la ayuda de leales al régimen infiltrados en el sistema de seguridad”.
Yair Golan, presidente del partido de izquierda Demócratas, afirmó que Zini ha convertido al Shin Bet en “una herramienta política al servicio de la campaña de Netanyahu para socavar los resultados electorales”.
La prueba política llegará en las próximas semanas. Si Netanyahu convence a los partidos de derecha y a los posibles disidentes de la oposición de que depender de los partidos árabes es ilegítimo, podría bloquear la única vía para su destitución.
Pero sus tácticas también podrían impulsar a la oposición dividida a unirse y acelerar el desenlace que busca evitar.
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